César Antón, Director General del IMSERSO, ha hablado con UNIR Cuidadores para compartir su visión sobre la Ley de Dependencia.
- ¿Cómo de efectiva considera que ha sido la Ley de Dependencia? ¿Cuáles cree que han sido los principales problemas en su aplicación?
La Ley de Dependencia se aprobó hace ya siete años, con el consenso de todos los partidos políticos, para garantizar a todos los españoles un derecho subjetivo a recibir unos servicios o prestaciones para atender su posible situación de dependencia.
La entrada en vigor de la Ley se ejecutó de forma precipitada, con una orientación de las prestaciones inadecuada, primando en exceso las ayudas a los cuidadores no profesionales, contraviniendo así el espíritu y letra de la Ley.
Al llegar al Ministerio, una de nuestras primeras acciones consistió en evaluar la aplicación de la Ley durante el periodo 2007-2011, para buscar soluciones a través de los acuerdos adoptados por el Consejo Territorial.
Se han aprobado medidas para mejorar el Sistema y hacerlo más transparente, de calidad y centrado en la atención a las personas dependientes.
Se han puesto los medios para posibilitar la sostenibilidad financiera actual y futura del mismo. A partir de la primera evaluación la prioridad ha consistido en atender a los grandes dependientes.
Nos encontramos con 305.000 dependientes en lista de espera en diciembre de 2011. Gracias a las medidas adoptadas en la actualidad son ya alrededor de 173.000.
Este dato es claramente positivo y supone un 40% de personas menos que en diciembre de 2011 cuando llegamos al Gobierno.
- ¿Qué mejoras considera que se deberían introducir en la Ley de la Dependencia, y en otras áreas de actuación del IMSERSO?
Se ha mejorado la calidad y la adecuación de las prestaciones a las necesidades y se han conservado los derechos subjetivos a recibir prestaciones y servicios por parte de las personas dependientes.
Incluso se ha mejorado, como ha ocurrido con la prestación económica para asistencia personal que se ha ampliado a todos los grados de dependencia.
Hemos logrado simplificar, ordenar y actualizar la normativa de desarrollo estatal. De tres Reales Decretos de prestaciones hemos pasado a uno. Y de dos Reales Decretos de nivel mínimo lo hemos reducido a uno.
Con la normativa y acuerdos aprobados en 2013 se culmina y consolidan el conjunto de las medidas adoptadas por el Consejo Territorial.
De esta manera se garantiza el principio de igualdad. Es decir, que todas las personas en situación de dependencia tengan el derecho de recibir los mismos servicios y prestaciones independientemente de la Comunidad Autónoma en la que residan al establecerse unos criterios comunes para toda España.
Los pasos principales ya están dados. Ahora falta implementarlos en su totalidad por los Gobiernos de las Comunidades Autónomas para construir un Sistema de Atención eficiente y de calidad, que atienda con servicios profesionalizados a las personas en situación de dependencia.
Se está trabajando por conseguir un pacto sociosanitario nacional, que creemos será una realidad en 2015.
Tanto el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como las consejerías autonómicas de Sanidad y Servicios Sociales ya están trabajando en el desarrollo de un documento ejecutivo que establece el perfil de los beneficiarios, los servicios que se incluirán o los instrumentos de la gestión del gasto, entre otras cuestiones, para alcanzar unos ‘mínimos’ comunes globales.
Antes de finalizar el segundo semestre de 2015 creemos que se suscribirá “un plan de acuerdo sociosanitario” en el consejo interterritorial de Sanidad y en el de Servicios Sociales.
Alcanzado el acuerdo entre las Administraciones Públicas, también se consultarán a las organizaciones profesionales y sindicales, sociedades científicas, entidades colaboradoras en la provisión de servicios (tanto públicas como privadas) y a las asociaciones de pacientes y de personas con discapacidad.
Para buscar el consenso global de todos los agentes involucrados para racionalizar la gestión y conseguir una mejor atención a las personas en situación de dependencia.
- ¿Considera que las empresas privadas deberían cubrir los servicios a donde no puede llegar la Ley o las administraciones públicas?
El eje fundamental de trabajo del IMSERSO está orientado a la atención social de las personas mayores, de aquellas en situación de dependencia y de sus familias.
Para alcanzar este objetivo pensamos que la colaboración público-privada constituye una estrategia fundamental. Debe ser amplia y abarcar todos los ámbitos. La propia Ley de Dependencia señala la participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. Destacan de esta colaboración, la Prestación Económica Vinculada al Servicio y la Prestación Económica de Asistencia Personal.
La Prestación Económica Vinculada al Servicio que recibe la persona en situación de dependencia es un servicio profesionalizado, prestado por empresas y entidades privadas. Permite poner en valor los servicios privados y facilitar la elección del lugar de ubicación del recurso por la persona beneficiaria.
A 30 de septiembre de 2014, 70.742 personas recibían esta prestación. La mayoría eran atendidas en centros residenciales privados. Esta cifra supone un aumento de más del 18% respecto a la existente a 1 de enero de 2012.
Para el Gobierno la figura del asistente personal es muy importante y considera que hay que apoyarla y desarrollarla.
La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado en el mes de octubre una proposición no de ley del PP en la que insta al Gobierno a reconocer dentro de las cualificaciones profesionales, la figura del asistente personal recogida en la Ley de Dependencia.
En la actualidad, la cualificación profesional del asistente personal carece de perfil profesional con reconocimiento oficial, lo que supone un "vacío legal" que dificulta la mayor contratación de este tipo de asistentes.
La proposición del PP, que tuvo el respaldo de CiU, indica que "se está produciendo una situación de inseguridad jurídica y laboral, que influye en las escasas contrataciones (del asistente personal) realizadas".
El Grupo Parlamentario Popular considera que es necesario regular la figura del asistente personal, "para que así puedan disponer de un marco legal específico, en el ámbito jurídico y el laboral. Tanto los trabajadores que se dedican o quieran dedicarse a este trabajo, como aquellas personas con discapacidad o mayores que quieran contratar un asistente personal,".
- ¿Qué problemas cree que genera una población envejecida como ocurre en España?
Los indicadores demográficos a medio plazo como, por ejemplo, el incremento de la esperanza de vida, del número de personas mayores y, especialmente, aquellas mayores de 80 años nos avisan que en los próximos años los Servicios Sociales van a ser más necesarios que nunca.
Nuestro trabajo debe orientarse a la atención social de las personas mayores y en situación de dependencia y sus familias.
Hay que diferenciar envejecimiento de longevidad.
Que las personas mayores vivan hasta los 90/100 años es un fenómeno reciente. Para el año 2023, se estima que habrá en España más de 650.000 personas de 90 años y más.
Y seguirá creciendo su número con la incorporación de las generaciones del “baby-boom” hasta llegar al millón y medio en 2050 según las estimaciones del INE.
Las personas mayores se van a dividir en dos grupos con perfiles diferentes. Hasta los 75-80 años personas, en general, activas y saludables.
A partir de esta edad las situaciones de dependencia grave crecen exponencialmente con unas características de salud y de causas de muerte diferenciadas del grupo de mayores “jóvenes”.
El sistema de cuidados informales actual tenderá a desaparecer a medio plazo por la proliferación de familias y personas sin hijos o con uno o dos.
Estos hechos hacen necesario replantear las políticas sociales dirigidas hacia las personas mayores.
En la actualidad estamos finalizando el documento titulado “Marco de Actuación para las Personas Mayores”, bajo el pilotaje del Consejo Estatal de Personas Mayores.
Persigue generar respuestas óptimas a los retos que se presentan con el envejecimiento demográfico y consolidar el envejecimiento activo y saludable como parte fundamental de desarrollo social y personal en una sociedad para todas las edades.
El documento contiene líneas de actuación hacia las personas mayores, tanto para el presente como para el futuro. Se recogen en él propuestas de desarrollo de cada una de las 19 orientaciones señaladas por la Unión Europea en un documento previo.
Hacen referencia a temas como el:
- Empleo.
- Participación en la sociedad.
- Vida independiente.
A ellos se ha añadido otro, por la importancia que tiene para las personas mayores, el relativo a la no discriminación, igualdad de oportunidades y atención a situaciones de mayor vulnerabilidad.
Este documento se convertirá, a corto plazo, en uno de los próximos pasos de la Agenda Social del Gobierno de España, junto a la Ley del Tercer Sector y del Voluntariado y el Plan de Familia.
- ¿Qué le parece que UNIR, la Universidad en Internet, impulse el proyecto Social de UNIR Cuidadores?
Compartimos la misión de UNIR Cuidadores, que consiste en mejorar la calidad de vida de los cuidadores de personas discapacitadas y/o dependientes.
Felicitar a la UNIR por su iniciativa de UNIR Cuidadores, por proporcionar formación y asesoramiento especializado a los cuidadores familiares y profesionales.
Haber recibido el Premio Alares 2014 al proyecto más innovador es buena prueba de las virtudes de este programa.
Te recomendamos ver estas dos Masterclass gratuitas:
